En Colombia, la Ley de insolvencia para personas jurídicas es un tema del que se habla a menudo, especialmente cuando se trata de empresas que buscan reorganizarse para salir de situaciones financieras complicadas. Sin embargo, cuando se trata de la Ley de insolvencia enfocada en personas naturales, la situación es un poco diferente. Muchos colombianos no están tan familiarizados con esta normativa, a pesar de que ofrece varias ventajas significativas para quienes se encuentran en apuros económicos.
Una de las principales ventajas de esta Ley es que permite a los deudores realizar un análisis exhaustivo de su situación. Este análisis no se limita únicamente a los aspectos económicos, sino que también abarca factores familiares, laborales y sociales. Esto es importante porque permite a las personas tener una visión completa de su situación y tomar decisiones informadas sobre cómo proceder. Además, la propuesta de insolvencia se basa en la capacidad real del deudor para pagar, en lugar de las expectativas de los acreedores, lo que ofrece un enfoque más justo y equilibrado.
El proceso de insolvencia también mejora significativamente la capacidad de negociación del deudor. Al iniciar el trámite, se suspenden los procesos ejecutivos en su contra y se impide que los acreedores inicien nuevos procesos. Esto no solo da un respiro al deudor, sino que también abre la puerta a la condonación de intereses, el establecimiento de nuevas tasas de interés y la protección legal del patrimonio del deudor. Durante la audiencia, tanto acreedores como deudores tienen la oportunidad de negociar un acuerdo que sea viable para la mayoría, lo que puede llevar a soluciones más sostenibles y menos conflictivas.
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Sin embargo, a pesar de estos beneficios, la difusión de la Ley de insolvencia para personas naturales ha sido limitada. Solo 51 de los 400 centros de conciliación del país están autorizados para llevar a cabo estos trámites, lo que cubre menos del 3 % del territorio nacional. Esto significa que al menos 11 departamentos no tienen acceso a este mecanismo de administración de justicia. Aunque las 877 notarías del país están autorizadas para realizar el trámite, solo el 10 % de los casos se ha tramitado ante una notaría, y esto ocurre principalmente en ciudades grandes como Cali, Medellín y Bogotá. Además, debido a la complejidad del proceso, solo dos centros de conciliación ofrecen sus servicios de forma gratuita.
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Para fortalecer la Ley de insolvencia para personas naturales, es esencial que los centros de conciliación y las notarías, junto con la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho, trabajen en conjunto para formular, coordinar y promover políticas públicas que aumenten el acceso a la justicia. Esto incluye mejorar la infraestructura y los recursos disponibles para que más personas puedan beneficiarse de esta Ley.
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En cuanto a los bancos y otras entidades financieras, aunque no han mostrado una postura abiertamente favorable hacia este mecanismo, en los centros de conciliación, como los de la Fundación Liborio Mejía, se ha observado que los abogados que representan a los acreedores son más receptivos y están dispuestos a aprobar las propuestas de pago presentadas por los deudores. Esto demuestra que, con el enfoque adecuado, es posible lograr un mayor entendimiento entre las partes.
Finalmente, es crucial evaluar la labor de los centros de conciliación y notarías en relación con la Ley de insolvencia para personas naturales. Actualmente, solo el 13 % de los centros de conciliación del país están autorizados para llevar a cabo estos trámites, y muy pocas notarías ofrecen este servicio. Los deudores deben asesorarse adecuadamente para determinar si la declaración de insolvencia es beneficiosa para ellos, ya que cada situación es única. Los centros de conciliación, como los de la Fundación Liborio Mejía, han demostrado ser eficaces en estos trámites, garantizando que se realicen dentro del marco legal y partiendo de la buena fe del deudor.
