Desafíos en la comercialización y gestión para este tipo de empresas
Operación de fachada
La falta de supervisión y regulación por parte de entidades gubernamentales ha dado lugar al escándalo de las libranzas. Con normativas diversas y una mayor investigación, se espera poner fin a esta situación.
Las entidades cooperativas que están bajo la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) tienen hasta el 28 de febrero de este año para proporcionar información sobre la compra y venta de cartera realizada entre los años 2015 y 2016, según la Circular Externa 5 del 28 de diciembre de 2016 emitida por la misma entidad.
El objetivo es verificar si estas entidades cumplen con las normativas del sector y determinar la cantidad de recursos que podrían estar involucrados en el negocio de las libranzas, a raíz de los recientes escándalos. Por lo tanto, cerca de 4,000 entidades cooperativas serán evaluadas.
Siete organizaciones bajo escrutinio
Andrés Felipe Uribe Medina, superintendente de la Economía Solidaria en funciones, ha comunicado a los medios de comunicación que el gobierno busca impedir que los delincuentes se aprovechen del modelo cooperativo para estafar a los colombianos con un manejo «aberrante e irregular del modelo de las libranzas».
Uribe Medina mencionó que hasta la fecha se han intervenido nueve entidades, creadas bajo el modelo cooperativo con ese propósito específico, que fueron detectadas realizando operaciones fraudulentas relacionadas con las libranzas.
«De estas entidades, siete están en proceso de liquidación forzosa y dos están en una etapa previa; es decir, se está evaluando si es necesario llevarlas a liquidación forzosa. Además, hay otras 10 entidades que están siendo supervisadas de cerca para determinar si es necesario intervenirlas», explicó el funcionario.
Desafíos en la comercialización y gestión para este tipo de empresas
Es importante recordar que en agosto de 2016, la Supersociedades restringió las operaciones de libranzas extrabancarias mediante la emisión del Decreto 1348 del 22 de agosto de 2016, con el objetivo de brindar mayor transparencia a estas operaciones.
El decreto regula la divulgación de información y la gestión de riesgos en la venta y administración de estos negocios, para garantizar que se realicen en condiciones seguras para los compradores.
Además, el decreto exige que el vendedor de libranzas informe de manera clara y precisa al comprador, antes de firmar el contrato, sobre los riesgos asociados con las operaciones de venta y administración de cartera de libranzas.
La Supersociedades ha advertido que cualquier inversión en este tipo de negocios y otros similares debe ser precedida por un análisis detallado por parte de los interesados, debido a su naturaleza de alto riesgo. Por lo tanto, corresponde a los particulares evaluar los activos ofrecidos, la viabilidad de la operación en relación con los rendimientos propuestos, entre otras medidas para determinar el riesgo asociado con dichas inversiones. Operación de fachada
Las investigaciones de la Supersolidaria revelan que las entidades que actuaban como fachadas de cooperativas asumieron las libranzas como su actividad principal, cuando en realidad debería ser solo un recurso excepcional para las cooperativas en situaciones de necesidad de liquidez.
Además, se ha observado una falta de transparencia por parte de estas entidades, que subcontrataban sus servicios a otras empresas como Estraval o Élite, perdiendo así el control sobre su información.
«La mayoría de cooperativas opera de manera adecuada, pero las intervenidas se crearon con el propósito de vender cartera, lo cual no es legal. Esto ha resultado en un problema de insolvencia significativo en esas entidades. Existen indicios de que las entidades actualmente bajo inspección podrían enfrentar problemas similares», advirtió Uribe Medina.
Carlos Ernesto Acero Sánchez, presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), afirmó en una entrevista con El Tiempo que permitir la creación de más de 400 empresas SAS en los últimos años para participar en las libranzas respaldadas por pagarés, y que estos pudieran negociarse como títulos valores en el mercado secundario, condujo a que estas entidades no cooperativas adoptaran prácticas arriesgadas e inseguras.
Según Acero Sánchez, no es justo culpar únicamente a la Supersolidaria por lo sucedido, especialmente cuando existe un sistema integral de control estatal que incluye las superintendencias de Sociedades, Financiera y la de Industria y Comercio, las cuales no ejercieron un control adecuado y permitieron que el problema se agravara, como se ha visto.
