En Colombia, los maestros que trabajan en instituciones educativas privadas tienen un tratamiento laboral y de seguridad social único debido a que el año escolar tiene una duración de 10 meses. Esta particularidad se debe a que, a diferencia de los docentes del sector público, quienes están sujetos a regulaciones específicas, los docentes de colegios privados se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo (CST) y la Ley 115 de 1994. Los artículos 101 y 102 del CST abordan brevemente el tiempo de servicio y las prestaciones para este grupo.
La relación entre la institución educativa y el docente es de carácter laboral, lo que implica que la institución debe cumplir con todas las obligaciones y derechos derivados de esta relación. Los propietarios del establecimiento educativo son responsables solidarios ante cualquier reclamación legal durante la relación laboral. Esto significa que las instituciones educativas privadas deben garantizar ciertas condiciones laborales mínimas, tales como:
Salarios
Auxilio de transporte
Prestaciones
Aportes a la seguridad social (EPS, ARL, fondo de pensiones)
Dotación
Elementos de seguridad en el trabajo
Vacaciones
Pago de horas extras
Indemnizaciones
Cualquier otro beneficio correspondiente
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En cuanto a la duración especial del contrato educativo, este tipo de contrato no establece un término indefinido. En ausencia de un plazo específico, se considera que es el correspondiente al año escolar, que consta de 10 meses, según el artículo 101 del CST. No obstante, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha permitido la posibilidad de fijar un plazo inferior o superior a 10 meses, lo que significa que se pueden establecer términos de un año.
En lo que respecta a los beneficios laborales, aunque el año laboral de los docentes se haya fijado en 10 meses, el artículo 102 del CST establece que para el cálculo de vacaciones y cesantías, estos diez meses se considerarán como un año calendario, es decir, 12 meses. En cuanto a las primas de servicios, al pagarse semestralmente, se tomará en cuenta el tiempo de servicio por semestre para su liquidación, considerando 150 días por semestre o el tiempo trabajado si no se cumple con el año escolar.
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Las contribuciones a la seguridad social deben realizarse por la totalidad del año escolar cumplido, de acuerdo con el artículo 284 de la Ley 100 de 1993. Este artículo establece que los profesores de establecimientos particulares cuyo contrato se celebre por el período escolar tienen derecho a que el empleador realice los aportes al sistema de seguridad social integral por la totalidad del período calendario respectivo. Además, si el docente no presta servicios, no se pueden realizar aportes o cotizaciones al Sistema de Seguridad Social si no va a recibir remuneración durante ese tiempo.
Sugerencias importantes incluyen la necesidad de tener en cuenta que, aunque la labor del docente se extienda más allá de los 10 meses del año escolar, realizando actividades administrativas adicionales, es esencial extender el tiempo de trabajo y agregar ese tiempo adicional al año escolar acordado para garantizar el pago correspondiente. Esto ha sido ratificado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de casación del 23 de abril de 2001.
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Este análisis fue realizado por la Abogada Natalia Jaimes Lúquez, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, y es exclusivo para Actualícese.
